Veedurías Ciudadanas Ley 850 / 2003

 

¿Qué es una veeduría ciudadana?

 

Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Nacional, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.

FUNCIONES GENÉRICAS.

 

  • Vigilar que los recursos se usen según las normas, planes, programas, proyectos y contratos.

  • Velar por que las acciones estatales sean pertinentes, oportunas, lícitas y ajustadas a la técnica.

  • Conocer las normas, planes, programas, proyectos y contratos, así como el grado de avance real en la gestión de todos ellos. La información que se pida a este respecto debe ser la que importa y el grupo pueda manejar, tanto por el tema como por el volumen.

  • Estudiar y analizar las explicaciones, razones e informaciones de las entidades controladas.

  • Agotadas las vías directas de entendimiento con las entidades cuya gestión se vigila, presentar informes, denuncias, demandas y acciones escritas a las autoridades competentes para controlarlas.

Por su parte, las veedurías ciudadanas tienen las siguientes funciones asignadas por el Artículo 15 de la Ley 850 de 2003:

 

  • Vigilar la constitucionalidad y participación en la planeación.

  • Vigilar que los presupuestos se ejecuten rápida, equitativa y eficazmente, y que se destinen ante todo para necesidades básicas insatisfechas.

  • Vigilar el proceso de contratación.

  • Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de la gestión.

  • Recibir informes, observaciones y sugerencias de ciudadanos y organizaciones.

  • Pedir datos de la gestión a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades contratantes y otras.

  • Comunicar a la ciudadanía los avances de su actividad.

  • Dar sus informes a las autoridades correspondientes.

  • Denunciar irregularidades de los funcionarios.